Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó una pretensión de nulidad de las cláusulas referidas a la subrogación hipotecaria, contenidas tanto en el contrato privado de compraventa, fechado en mayo de 2005, como en la escritura pública de marzo de 2008. El recurso de casación se estructura en dos motivos. El el segundo se desestima por razones formales, al no identificar precepto legal sustantivo infringido y citar una jurisprudencia referida a una cuestión ajena a la debatida. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 89.3 b) TRLGCU, pero como el contrato privado se celebró antes de la entrada en vigor del citado texto refundido, el precepto no pudo resultar infringido al no estar todavía en vigor. Por lo que se refiere a la escritura pública, lo que se pactó, como forma de pago de parte del precio, fue la asunción de la deuda derivada del préstamo hipotecario formalizado por el vendedor subrogándose el comprador en las obligaciones de aquél. Junto con ello se pactó la liberación de la obligación personal de la entidad vendedora derivada del citado préstamo, si bien condicionada a la obtención del previo consentimiento de la entidad acreedora, como prevé el art 118 LH. Se trata de un pacto previsto en la norma que no infringe el precepto denunciado. Por último, los gastos de cancelación de la hipoteca, una vez subrogado el comprador, también le corresponden legalmente al ser el único interesado en la cancelación.
Resumen: La obligación hipotecaria constituida sobre una concesión de una obra pública no puede garantizar cualquier clase de obligación, en los términos del art. 1861 del código civil, sino que ha de ceñirse a garantizar las deudas contraídas para la realización de la obra pública o, en su caso, para la explotación de la concesión derivada. No obstante, el silencio de la Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora inicial del contrato de concesión de obras públicas a la vista de su configuración debe entenderse que la autorización tiene carácter reglado debiéndose limitar la administración a comprobar si se da o no esa necesaria relación de la obligación asegurada mediante la hipoteca con la concesión a la que se encuentra afecta.
